Tres funcionarios del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) fueron imputados por la muerte del recluso Carlos Alberto Núñez, hecho que ocurrió en noviembre de 2018.
En primer momento habían declarado que Núñez había muerto por una herida cortante causada por otro preso durante un motín en el módulo 3 del Penal de Libertad, pero tras una investigación se comprobó que había sido por disparos de balas de goma disparadas a corta distancia por un funcionario policial.
A uno de los implicados el fiscal le imputó el delito de abuso de autoridad, omisión de asistencia y coautoría de homicidio a título de dolo eventual. A los otros dos se les tipificó el abuso de autoridad y omisión de asistencia. No estarán en prisión hasta que no haya un fallo.
La información sobre la verdad de los hechos fue revelada en primera instancia por el comisionado parlamentario para el sistema carcelario Juan Miguel Petit, quien además sostuvo que entonces el fallecido no había recibido la asistencia debida.
Tras las imputaciones, Petit dijo a Informe nacional que la decisión de la justicia es positiva porque permitirá corregir que ocurran acciones como la lamentablemente sucedida.
Informe de Iván Antúnez
Foto: Javier Calvelo/adhocFotos
