Lanza señaló la peligrosidad de usar el derecho de respuesta como sanción

Le preocupa que la jueza no haya tenido en cuenta información que era pública y que aplique el derecho de respuesta en forma arbitraria

2 Oct 2019  •  08:07

2 de octubre de 2019
Actualizado: 08:07h

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El relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Edison Lanza, calificó como “muy peligroso” considerar que el derecho de respuesta es un instrumento “informativo” y que pueda “utilizarse como sanción”.

Tras conocerse la decisión de la jueza Penal de 42° Turno, Dolores Sánchez, de hacer lugar al reclamo de derecho de respuesta planteado por el asesor de seguridad del candidato presidencial Guido Manini Ríos, Antonio Romanelli, contra Radio Uruguay, Montevideo Portal y el diario La República apelada por los tres medios y que ahora será considerado por un Tribunal de Apelaciones, varias voces se levantaron señalando la peligrosidad de este antecedente para la libertad de prensa.

En la sentencia, la jueza alude a la Convención Americana de Derechos Humanos para fundamentar su decisión y sostiene que “el derecho de réplica aparece como medio jurídico para contrarrestar el privilegio de la libre expresión”.

Según Sánchez, “el derecho de respuesta aparece entonces como un instrumento informativo y tiene la misma jerarquía que la noticia que se contradice, suponiendo una versión distinta a aquella y siempre con el objetivo de que el público se forme un juicio imparcial”.

En ningún momento la jueza propone la eventualidad de verificar si el contenido de la respuesta que pretende Romanelli incluye afirmaciones inexactas o distorsionantes de la realidad.

“No logro comprender —escribe la jueza— el fundamento de la negativa en publicar la respuesta del actor pero sí efectuarle una entrevista o haberlo intentado comunicándose con allegados para que lo hiciera”.

Por otra parte, el relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dijo a Sudestada que la sentencia alude a decisiones jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y a fallos a nivel nacional pero que “no se aplican a los supuestos fácticos que están en juego en este caso”.

Consultado por Informe nacional, Lanza explicó que Romanelli es una persona pública y lo que hizo durante la dictadura a partir de declaraciones de personas afectadas, reviste un interés público “por lo que debe responder en el marco del debate público”.
Lo más grave de la sentencia es que se utilice el derecho de respuesta como sanción y que se considere que el derecho de respuesta es un instrumento informativo, sostuvo el abogado.

Lanza agrega que es muy preocupante que una magistrada no haya tenido en cuenta información que era pública y que aplique el derecho de respuesta en forma arbitraria, afectando gravemente la libertad de expresión.

Foto: adhocFotos

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